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Moisés Naím / El País
Un vídeo muestra a unas personas que recorren lentamente, en fila india, un camino cubierto de nieve. Se oye un disparo; la primera persona cae. Se oye una voz en off: "Les están matando como perros". Otro disparo, y cae otro cuerpo al suelo. Un soldado chino de uniforme vuelve a disparar su rifle. Un grupo de soldados examina los cuerpos caídos.
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El sábado 7 de octubre, casi al mismo tiempo que se informaba al mundo de que Google estaba pujando para pagar 1.650 millones de dólares por YouTube, una página web de descarga de vídeos nacida hace dos años, la prestigiosa periodista rusa Anna Politkóvskaya fue asesinada a tiros en Moscú. Politkóvskaya escribía sobre las violaciones de los derechos humanos en Chechenia. Era además una crítica muy destacada del presidente ruso, Vladímir V. Putin, y las autoridades rusas califican su muerte de asesinato político.
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Cuando el presidente George W. Bush anunció en mayo de 2003 el nombramiento de Paul Bremer como máxima autoridad civil estadounidense en Irak, recibí un correo electrónico de un antiguo colega suyo: "Acabo de oír que Jerry [apodo que recibe Bremer] va a dirigir Irak. Y los iraquíes creían que lo peor que podíamos hacer era bombardearles...".
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Royal Dutch Shell es una de las empresas más grandes y poderosas del mundo. Bolivia es uno de los países más pobres del planeta; su economía no representa más que el 3% de los ingresos anuales de Shell. Hace poco, el presidente de Shell, Jeroen van der Veer, declaró en tono un tanto sumiso que su compañía estaba resignada a aceptar la decisión boliviana de romper los contratos que había firmado. Dijo también que no cree que siga siendo buena idea que las compañías petroleras recurran judicialmente contra las políticas nacionalistas de países como Bolivia. Antiguamente, las grandes multinacionales no se plegaban a los deseos de humildes gobiernos. Los colosos de la industria no se quedaban callados cuando, en nombre de una bandera nacional, les confiscaban sus yacimientos de petróleo y de gas o sus minas. Se defendían, y no sólo con la retórica.
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¿Qué es más prioritario, reducir la desigualdad o aliviar la pobreza? Es tentador responder que son igualmente importantes. O que la pregunta es absurda porque la reducción de la pobreza disminuirá automáticamente las brechas entre pobres y ricos; o que las políticas que disminuyen la desigualdad inevitablemente reducirán la pobreza. Estas respuestas quizá sean tentadoras, pero también son incorrectas. Aunque el auge económico de China e India ha sacado a 400 millones de personas de la pobreza, en esos países la desigualdad económica ha aumentado. Las disparidades sociales en Cuba quizá sean menos graves ahora que cuando Fidel Castro asumió el poder hace 47 años, pero Cuba es hoy un país más pobre. En Estados Unidos, la pobreza no ha aumentado mucho, pero el abismo entre ricos y pobres es hoy mayor de lo que era.
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En 1849, el ensayista escocés Thomas Carlyle llamó a la economía "la ciencia funesta". Dos siglos después, los economistas contemporáneos siguen enfrentados a decisiones funestas: ¿más inflación o menos empleo? ¿Gastar o ahorrar? También se han puesto muy arrogantes. El complejo de superioridad intelectual de los economistas tiene mucho que ver con su orgullo por las sofisticadas técnicas estadísticas en las que se basan para analizar fenómenos como la inflación, el desempleo, el comercio, e incluso los efectos a largo plazo de los abortos sobre los niveles de criminalidad. Esto con frecuencia los lleva a estar convencidos de que sus métodos son superiores y más rigurosos que los de las demás ciencias sociales. Así, cualquier investigación social cuyas conclusiones no se basen en el análisis cuantitativo de una masiva cantidad de datos es desdeñada por los economistas por ser "literatura" o, aún peor, por ser "periodismo". Hay un chiste entre economistas que dice que, para los antropólogos, el plural de anécdota es "base de datos".
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En 1970, el mundo sufrió 78 grandes desastres naturales, que afectaron a cerca de 80 millones de personas y generaron daños materiales por más de 10.000 millones de dólares. En 2004, la cifra llegó a 384 catástrofes naturales, que se cobraron 200 millones de víctimas. Su coste económico se multiplicó por cinco, elevándose a 50.000 millones de dólares. Las cifras definitivas de 2005 serán aún peores.
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