El continente ilícito

Moisés Naím / El País

Cada noche, Fortuna García canta una nana a su hija Carmen cuando la niña de seis años se va a dormir en casa de su abuela en Cochabamba, Bolivia. Fortuna vive en Gaithersburg, Maryland, y no ha visto a Carmen desde que abandonó Bolivia hace tres años. Pero cada noche, gracias a una tarjeta telefónica de prepago y por menos de un euro, le canta a Carmen hasta que se duerme. Y cada mes, Fortuna manda unos 250 euros a su madre, que se ocupa de Carmen. Los envíos de Fortuna han ayudado a pagar las mejoras de la casa de su madre y también han costeado la operación que salvó la vida a su sobrina enferma. Fortuna es uno de los 500.000 extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos cada año, una cifra que no ha descendido de sus niveles previos al 11-S, a pesar de los esfuerzos por fortificar las fronteras de EE UU. Debido a que es una inmigrante ilegal, Fortuna carece de una cuenta bancaria en Estados Unidos y, por tanto, recurre a un encomendero, un compatriota boliviano que, por una comisión, entrega en mano el dinero que ella y sus vecinos de su comunidad de expatriados envían habitualmente a casa. Estos canales informales que se utilizan para mover dinero internacionalmente son comunes a muchos grupos de inmigrantes. Entre los inmigrantes de Oriente Próximo y el sur de Asia, el sistema se denomina hawala. Entre los chinos se conoce como chop.

Hace poco en una reunión en Argentina los jefes de Estado de América Latina tuvieron fuertes enfrentamientos sobre cómo promover el libre comercio en las Américas sin llegar a ningún acuerdo. Mientras tanto, los traficantes ilegales -de gente, dinero, drogas, armas o artículos falsificados- están teniendo enorme éxito conectando el Sur con el Norte y transformando a ambos en el proceso. Puede que los acuerdos de libre comercio no estén prosperando en las Américas, pero el comercio ilícito sin duda está en pleno apogeo.

Fortuna García y otros latinoamericanos que viven en el extranjero enviaron casi 40.000 millones de euros a sus países de origen el año pasado, más que todas las empresas multinacionales juntas y mucho más que todas las ayudas externas repartidas por EE UU, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El flujo de capital ya supone un 10% del PIB de Latinoamérica, y está creciendo a más de un 10% anual. Algunas transferencias son realizadas por emigrantes legales a través de canales legítimos, pero un porcentaje importante se gana y envía de forma ilícita.

Pero los narcóticos, que no los envíos de dinero, son la principal actividad ilegal en Latinoamérica y una importante fuente de divisas extranjeras. Según Naciones Unidas, las ventas de droga en el extranjero superaron con creces los 64.000 millones de euros en productos agrícolas que la región exporta cada año. Para muchos países latinoamericanos, las drogas no son sólo la principal y más lucrativa exportación, sino también una importante fuente de poder político y, lamentablemente, también una letal fuente de violencia y conflicto social.

Brasil, por ejemplo, ya no es tan sólo una ruta de tránsito para la droga transportada desde los Andes a Europa, sino que se ha convertido en un enorme mercado de consumo final. En la frontera entre EE UU y México, poderosas bandas de traficantes rivales están librando una intensa batalla entre sí y contra el Gobierno. En Bolivia, los carteles de la cocaína han forjado complejas alianzas con grupos indígenas politizados dispuestos a hacerse con el control del país. Recientemente, militares de alto rango venezolanos fueron acusados por el Gobierno de EE UU de tráfico de drogas, cargos que el presidente Hugo Chávez inmediatamente desechó como otro intento de Bush y su Gobierno de desestabilizar su régimen. Meses antes, Venezuela había sido incluida en la lista de los peores países del mundo en cuanto a su tolerancia con los traficantes de personas. No cabe duda de que, independientemente de la animadversión de Bush hacia Chávez, Venezuela, gracias a sus muy porosas fronteras, un sistema financiero muy vulnerable al blanqueo de dinero, un sistema judicial muy débil, policías plagadas de corrupción y su especial localización geográfica, se ha convertido en un importante puente facilitador del comercio internacional ilícito.

Y no es sólo Venezuela, por supuesto. La mitad de la actividad económica de Latinoamérica se desarrolla en el sector informal. Muchos de esos empleos son precarios, pero, según encuestas, los trabajadores a menudo los prefieren a los trabajos tradicionales, ya que, en el sector informal, ganan más y son más independientes. De hecho, sólo se considera "grandes" a un 2% de las empresas formales de Latinoamérica, e incluso las que son grandes en Latinoamérica son bastante pequeñas según criterios internacionales. Por el contrario, la economía ilícita de la región es enorme y su competitividad es de nivel mundial. Las economías latinoamericanas nutren toda clase de redes empresariales importantes, altamente globalizadas y eficaces que son capaces de transportar personas o droga desde los lugares más remotos de los Andes o la jungla amazónica a Miami o Amsterdam en cuestión de días. Pocas empresas latinoamericanas formales son así de competitivas y eficientes.

La economía ilícita prospera a plena vista y conecta a América Latina con el resto del mundo de muy poderosas y a menudo delictivas maneras. Desde esta perspectiva, los furiosos debates que enfrentan a los presidentes latinoamericanos sobre el tema del libre comercio lucen menos importantes. Los acuerdos de libre comercio se firman entre Gobiernos, e involucran principalmente a empresas exportadoras en el sector más formal. Estos enfrentamientos ideológicos ignoran la realidad de que mientras la economía formal está creciendo poco y creando insuficientes empleos, el sector informal y su hermano siamés, el tráfico ilícito, están experimentando un gran boom.

El libre comercio y los flujos internacionales de capital ya son una realidad incontrovertible de las economías latinoamericanas. Lástima que muchos de ellos sean ilícitos.