Moisés Naím y Francisco Toro con traducción de Sandra Caula / Foreign Affairs

En los últimos tres años, las escenas trágicas de pobreza y caos han dominado la cobertura de la crisis política en Venezuela, una nación que fue uno de los países más ricos y democráticos de Sudamérica. Venezuela se ha convertido tanto en un sinónimo de fracaso como, curiosamente, en una especie de papa caliente ideológica, un artefacto retórico que se introduce en las discusiones políticas en todo el mundo.

En países tan diversos como Brasil y México, Italia y los Estados Unidos, los políticos invocan a Venezuela como un cuento con moraleja sobre los peligros del socialismo. Los candidatos de izquierda —desde Jeremy Corbyn, en el Reino Unido, hasta Pablo Iglesias, en España— se ven acusados de simpatizar con el socialismo chavista y sufren serios daños políticos por su asociación con los gobernantes venezolanos. La imputación, repetida sin cesar, es que el fracaso de Venezuela es el fracaso de una ideología. Según esta tesis, el socialismo tiene la culpa, y si los votantes toman la decisión equivocada en las urnas, el caos y la crisis podrían extenderse a sus países también.

Como toda publicidad engañosa, esta es efectiva porque contiene un elemento de verdad. Las políticas socialistas del expresidente Hugo Chávez devastaron el país. Las expropiaciones caóticas y a gran escala, los desastrosos controles de precios y de cambio, las regulaciones sofocantes y la hostilidad desenfrenada hacia el sector privado ayudaron a producir la catástrofe económica en Venezuela. Pocas guerras han destruido tanto la riqueza de una nación como las políticas de Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

Pero también, como toda publicidad engañosa, esta oscurece más de lo que revela. La causa más profunda de la implosión de Venezuela no es la adhesión doctrinaria de Maduro al socialismo sino, más bien, el deslizamiento del país hacia la cleptocracia. Centrarse en que Venezuela es un fracaso del socialismo es nublar el quid de la cuestión: el colapso del estado venezolano y la apropiación de sus recursos por una confederación de criminales despiadados que actúan dentro y fuera del país.

Esta dinámica se ignora en muchas de las discusiones sobre Venezuela, las cuales siguen tratando el enfrentamiento de Maduro con sus oponentes como una variante de la ya conocida confrontación política entre la izquierda y la derecha. Tales apreciaciones tienden a describir el país como si fuera otra democracia fraccionada, donde hay batallas feroces y en ocasiones violentas entre partidos rivales. Pero pensar en Venezuela como una democracia perturbada o solo como un ejemplo del fracaso del socialismo impide captar plenamente las causas y consecuencias del trance que vive el país.

En realidad, la democracia de Venezuela colapsó hace años. Las encuestas muestran consistentemente que cuatro de cada cinco venezolanos quieren que Maduro deje su cargo de inmediato, pero ningún mecanismo democrático puede satisfacer su demanda. Con las elecciones groseramente amañadas, varios observadores han propuesto soluciones más drásticas, pero las demás opciones —los golpes militares, las conspiraciones palaciegas y las intervenciones extranjeras— parecen solo posibilidades remotas. Algunos expertos extranjeros aconsejan negociar y se ofrecen como intermediarios. Pero los intentos de facilitar conversaciones eluden el problema principal: el hecho de que la oposición en Venezuela no es una facción reconocida por el gobierno como en una democracia parlamentaria normal. Los miembros de la oposición son más bien como rehenes —y, en el caso de los muchos presos políticos, son literalmente rehenes— de una camarilla criminal que explota despiadadamente la riqueza mineral del país para su propio beneficio.

UNA GUARIDA DE LADRONES

Maduro sigue vendiendo la retórica del socialismo, pero su gobierno autoritario ha construido no un paraíso obrero sino una guarida de ladrones. La clásica dictadura latinoamericana del siglo XX —la que los politólogos denominan un “régimen autoritario burocrático”— era sumamente institucional: una máquina estatal opresiva pero eficiente, apuntalada por una amplia burocracia, mantenía el poder y suprimía la disidencia. La Venezuela contemporánea no es para nada así.

El gobierno de Maduro es una confederación de grupos criminales domésticos e internacionales cuyo presidente tiene el rol de capo de la mafia. Lo que mantiene unido al régimen no es ni la ideología ni la búsqueda de un orden rígido: es la lucha por el botín que emana de una vertiginosa variedad de fuentes ilegales.

Hoy en día, Venezuela es un nodo central para los traficantes de todo tipo de contrabando: desde productos básicos de consumo cuyos precios están controlados hasta cocaína destinada a los Estados Unidos y Europa, así como diamantes, oro, coltán, armas y trabajadores sexuales. La proliferación de bodegones —comercios semilegales que se burlan de los controles de precios vendiendo bienes de consumo contrabandeados— ha reestructurado cada vez más el mercado interno para lo que queda de la clase media. Estos intermediarios luego canalizan los ingresos directamente a amigos, familiares y cómplices de la élite gobernante.

Pero los compinches del gobierno y de los militares no son los únicos que controlan las grandes empresas criminales. Las denominadas megabandas que operan desde las cárceles se han convertido en la única autoridad civil efectiva en vastos territorios, al igual que los insurgentes de los movimientos guerrilleros de la vecina Colombia. Ambos extorsionan a miles de pequeños comerciantes, agricultores y ganaderos. Algunos controlan las minas ilegales, de modo que alivian a las autoridades locales del violento asunto de poner orden en los asentamientos mineros, y proporcionan al gobierno su última fuente confiable de divisas tras las sanciones al sector petrolero.

Al regresar a sus oficinas con aire acondicionado en Caracas, los peces gordos del régimen se posan en la cima de su botín. Jorge Giordani, el ministro de planificación de Chávez y ahora opositor al régimen, calculó que estos funcionarios malversaron 300.000 millones de dólares durante el auge petrolero entre 2003 y 2014. La cifra exacta podría discutirse, pero no la escala macroeconómica de la cleptocracia chavista.

Caracas se ha convertido en una de las capitales del mundo del lavado de dinero. Tras haber robado sumas incalculables, los funcionarios venezolanos y sus compinches han forjado amistades poderosas en todo el mundo. The Washington Post reveló recientemente que un empresario vinculado al régimen contrató los servicios legales del abogado y político Rudy Giuliani, mientras que Erik Prince, el dueño de la empresa militar Blackwater, vuela con frecuencia a Caracas para conseguir negocios.

Cuando los investigadores judiciales de los Estados Unidos y Europa miran a Venezuela, lo que ven es una inmensa red de crimen organizado torpemente encubierta tras la fachada de un gobierno socialista.

LIBIA EN EL CARIBE

Para los diplomáticos y políticos en el exterior, el país luce como un estado fallido. Gran parte de su vasto territorio sigue sin gobierno y está totalmente alienado de las disputas políticas de la capital. Desde el comienzo de 2019, cuando Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, se convirtió para muchos —dentro y fuera de Venezuela— en el presidente interino y líder legítimo del país según la Constitución, Venezuela se ha visto envuelta en una crisis de autoridad que sigue sin resolverse. El país corre el riesgo de convertirse en la Libia del Caribe: una nación con dos gobiernos que compiten por el poder, cada uno con el apoyo de una coalición distinta de naciones extranjeras.

Más de 50 países reconocen la reivindicación de la presidencia hecha por Guaidó y la mayoría de las grandes democracias lo apoyan. Pero dentro de Venezuela, quienes tienen las armas siguen leales a Maduro, quien ha hecho todo lo posible por mantener el monopolio de la violencia, aun cuando ha perdido el reconocimiento internacional. A principios de este año, Maduro instaló como presidente de la Asamblea Nacional a un antiguo aliado de Guaidó. Con su cargo en disputa, Guaidó apeló a la ayuda externa: este enero recorrió el mundo, reuniéndose con líderes latinoamericanos y con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, así como con Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson y Justin Trudeau. Guaidó también ocupó un codiciado lugar en la lista de oradores del pleno del Foro Económico Mundial en Davos.

Como los libios, los venezolanos van descubriendo que tener dos presidentes puede ser peor que no tener ninguno. En bancarrota por la corrupción, la mala gestión y las sanciones que han paralizado el sector petrolero —su principal fuente de divisas— el estado venezolano ahora vive de los ingresos comparativamente exiguos de la minería ilegal y de las exportaciones ilícitas de petróleo facilitadas por empresas rusas. El éxodo masivo de venezolanos, desde 2017, es otra señal inequívoca del fracaso de este estado. Aproximadamente el diez por ciento de la población ha abandonado el país en los últimos años. Los venezolanos están huyendo no solo de la indigencia sino también del colapso del orden público y de la falta de los servicios más básicos: la electricidad, el agua corriente, las telecomunicaciones, las carreteras, una moneda que funcione, la salud y la educación. A fin de cuentas, estos refugiados no huyen del “socialismo” —se escapan de un gobierno infernal y fracasado.

NO LLEGAN LOS REFUERZOS

El colapso de Venezuela amenaza la estabilidad de toda la región. Colombia es el país más vulnerable, pero el fracaso del estado venezolano repercute en todo el hemisferio, desde Brasil, cuyo distrito más septentrional soporta el peso de los refugiados venezolanos hambrientos y enfermos, hasta Aruba, un centro del narcotráfico y de la trata de personas.

Los líderes de Venezuela también han tratado de exportar la inestabilidad. Desde los años de Chávez y con la dirección de Cuba, el régimen venezolano ha prestado un apoyo entusiasta a los grupos de extrema izquierda en toda América Latina. Maduro habla con frecuencia sobre su deseo de socavar a sus opositores en toda la región. En la medida que una América Latina estable y democrática es una prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la implosión de Venezuela es una amenaza no solo para los países vecinos sino también para la superpotencia norteamericana.

Mientras Maduro siga desestabilizando la región, los observadores y comentaristas políticos no descartarán la perspectiva de una intervención militar para deponerlo. Durante más de un año, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha ostentosamente proclamado que “todas las opciones siguen sobre la mesa”. Esta formulación —una alusión taimada a una intervención militar— parece dirigida más a los exiliados venezolanos registrados para votar en la Florida que a los planificadores militares del Pentágono. Desesperados por una solución rápida y mágica a un problema que ha trastornado sus vidas, los exiliados se han unido a la causa de Trump. Al fin y al cabo, no es sorprendente que los venezolanos clamen por deshacerse de Maduro y sus secuaces.

Pero los gobiernos extranjeros no están muy dispuestos a invadir Venezuela y arriesgar vidas y recursos para forzar un cambio de régimen. Tanto los países latinoamericanos como la Unión Europea rechazan de manera categórica la sugerencia de una intervención armada. Y los Estados Unidos no tiene ninguna intención de llevar a cabo una operación militar de gran envergadura en Venezuela. Una invasión podría terminar desastrosamente, dada la presencia de grupos armados por todo el país. El gobierno de Maduro coopera estrechamente con Rusia en cuestiones de defensa, lo que hace de Venezuela un complicado teatro militar. Además de Rusia, China, Cuba y Turquía se opondrían a cualquier intervención dirigida por los Estados Unidos. Así que aunque muchos venezolanos en el exilio creen que solo una fuerza externa podría tumbar a Maduro, ningún gobierno extranjero parece querer exponerse a una desventura tropical.

LAS TEORÍAS DEL CAMBIO

En los últimos tres años, varias “teorías del cambio” han presentado posibles salidas a la calamidad actual de Venezuela. Pero hasta ahora tales teorías han fracasado por ver, equivocadamente, la crisis de Venezuela en términos ideológicos.

En el 2017, las esperanzas se centraban en las urnas. Los activistas venezolanos solicitaron un referéndum revocatorio para acortar el período de Maduro en el cargo. Esa medida está consagrada en la constitución del país, y parecía la última y mejor esperanza para asegurar una transición ordenada. Pero ese mismo año, el Tribunal Supremo —una entidad controlada por Maduro— la impidió. Después, en el 2018, Maduro ganó una elección presidencial que casi todo el mundo consideró fraudulenta, visto que este inhabilitó a las principales figuras de la oposición para que no pudieran postularse y que las bandas de Maduro se dedicaron a intimidar a los votantes. Además, no se permitió la presencia de ningún observador electoral extranjero en el escrutinio de las urnas y los medios de comunicación estuvieron fuertemente controlados. En retrospectiva, la esperanza de que las urnas pudieran vencer a una cleptocracia violenta ahora parece perdidamente ingenua.

Desilusionados con los resultados electorales, algunos venezolanos llegaron a desear un golpe militar. Dada la catástrofe económica y las protestas callejeras diarias, estos suponían que los militares venezolanos optarían por expulsar a Maduro antes de perder totalmente el control de la situación. Pero a finales de 2017, a pesar de un ciclo de protestas callejeras que dejó a miles de personas encarceladas y docenas de muertos, los militares se mantuvieron leales al gobierno.

Cuando la situación económica de Venezuela implosionó en 2018, muchos observadores dentro y fuera del país pensaron que los venezolanos empobrecidos, empujados al borde del abismo por la escasez de alimentos, podrían sublevarse. Los opositores al régimen esperaban que esos mismos soldados que el año anterior habían reprimido a los manifestantes de clase media estuviesen menos dispuestos a atacar a la gente hambrienta de los barrios pobres, pues, se suponía que el gobierno de Maduro era el abanderado de una revolución socialista. Una vez más, el lente ideológico resultó engañoso: los militares arremetieron contra los manifestantes de las clases populares tan despiadadamente como lo habían hecho contra los manifestantes de la clase media en 2014 y 2017.

El surgimiento de Guaidó como figura clave en 2019 inspiró más visiones de cambio radical. Los países democráticos —desde Chile hasta Croacia— dejaron de reconocer el régimen de Maduro, y los ingresos petroleros se derrumbaron. Pero Maduro respondió aumentando los recursos de sus fuerzas de seguridad con las ganancias, blanqueadas internacionalmente, del oro extraído por bandas armadas que usan como mano de obra a venezolanos desesperados y hambrientos.

A lo largo de ese período, voces conciliadoras intentaron lograr una solución negociada. Se esperaba que un actor neutral de la comunidad internacional (tal vez Noruega o Uruguay) pudiera negociar un acuerdo de reparto de poder que allanara el camino hacia un cambio de régimen controlado. Pero Maduro tiene un fuerte control sobre su empresa criminal; así que no sintió ninguna presión que lo obligara a hacer concesiones significativas durante las diversas conversaciones que han tenido lugar en los últimos años. Al contrario, ha utilizado las negociaciones para dividir a sus contrincantes, tanto en Venezuela como en el exterior.

LA TRANSICIÓN DESEABLE

La mejor opción para los venezolanos sería un acuerdo con respaldo internacional entre Maduro y sus oponentes. Pero esa negociación solo puede tener éxito cuando Maduro esté convencido de que es su último recurso. Hasta que no se den esas condiciones, usará las conversaciones solo para despistar y agotar a sus oponentes.

Solo cuando el régimen se haya quedado sin dinero, cuando no tenga ni amigos ni opciones, accederá a un inevitable acuerdo negociado. Pero sacar a un régimen abominable del poder sin derramar sangre implica compromisos difíciles. En España en 1978, en Chile en 1988 y en Sudáfrica en 1991, las figuras aborrecidas de los antiguos regímenes autocráticos mantuvieron su influencia y su poder por muchos años tras la llegada de la democracia.

Los venezolanos hoy en día no están preparados para aceptar este tipo de solución. El gobierno no está dispuesto a considerarla, porque no siente que su poder esté realmente amenazado, ni lo está la oposición, porque los crímenes del régimen aún están a flor de piel. La gente rechazaría un acuerdo que, por ejemplo, garantice escaños en la legislatura a figuras del régimen, lo cual los protegería de ser enjuiciados, o permita que los nuevos potentados se queden con parte del botín robado.

Lamentablemente, la historia de las transiciones exitosas a la democracia, a finales del siglo XX, socava su viabilidad el día de hoy. El arresto y eventual enjuiciamiento del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 (una década después de haber cedido el poder) creó un precedente que obliga a la comunidad internacional a tratar los graves abusos de los derechos humanos como sujetos a la jurisdicción universal. Maduro y sus secuaces no solo han robado enormes sumas, sino que han encarcelado, torturado y asesinado a cientos de opositores. Si toman en cuenta el precedente del caso Pinochet, tienen muy pocas razones para confiar en cualquier amnistía que se les ofrezca. El arresto de un antiguo dictador de derecha reduce drásticamente las opciones de los supuestos revolucionarios socialistas de Venezuela, lo cual subraya, una vez más, lo tangencial que es la ideología para entender esta crisis.

Incluso si se pudiera persuadir a Maduro y sus secuaces de que acepten una salida negociada, los problemas de Venezuela ni de lejos estarían resueltos. El fin del régimen de Maduro, cuando llegue, revelará el cascarón vacío de un estado. Los administradores públicos competentes huyeron hace años. La infraestructura física (mucha en estado crítico) podría reconstruirse rápidamente, pero la reconstrucción de la infraestructura institucional va a llevar mucho más tiempo. La caída del régimen será solo el indispensable comienzo de la tumultuosa década del resurgimiento de Venezuela.

Traducción de Sandra Caula