Moisés Naím / El País

En Estados Unidos, el 76% de la población piensa que la guerra contra las drogas ha fracasado. Al mismo tiempo, una igualmente abrumadora mayoría piensa que las políticas en las que se basa la guerra contra las drogas (represión de la producción, interdicción de las importaciones, prohibición del consumo y criminalización) no se pueden cambiar. Esta contradicción no es sólo de los estadounidenses.

Las encuestas revelan que estas ideas forman parte de las creencias de altos porcentajes de la población en muchos países: pobres y ricos, exportadores e importadores de narcóticos, democráticos y autoritarios, asiáticos, europeos o americanos.

¿Cómo explicar esta irracionalidad? ¿Cómo es posible estar en contra de cambiar una política pública que se sabe que no funciona? Mi respuesta es que la prohibición de todo lo relacionado con las drogas ha creado un clima donde también está vedado pensar libremente sobre alternativas a la prohibición. Un senador estadounidense que me habló con la condición de que no revelara su identidad me dijo: "Muchos de mis colegas y yo sabemos que los esfuerzos que se hacen para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas no sólo no funcionan sino que tienen efectos contraproducentes. Pero esta es una posición políticamente suicida. Si lo digo públicamente es casi seguro que pierda mis próximas elecciones".

Y no son sólo los políticos: "¿Por qué a pesar de los esfuerzos, la situación en Afganistán se ha deteriorado tanto? En mi opinión la principal causa es el tráfico de drogas, que es sin duda alguna la fuerza económica que nutre el resurgimiento de los talibanes... Cuando estuve allí en 2006 no podíamos ni mencionar el tema. Era un asunto sobre el que nadie quería hablar". Esto lo dijo el general James Jones, ex comandante del Cuerpo de Marines (1999-2003) y comandante supremo de la Alianza Atlántica (2003-2006). Cabe notar que esta declaración la hizo meses antes de saber que iba a ser nombrado por el presidente Barack Obama asesor para la Seguridad Nacional.

La manera en la que el mundo enfoca el problema del tráfico y consumo de drogas es indefendible. Todos los analistas objetivos que han examinado el tema concluyen que el régimen actual requiere una urgente y profunda reforma. El problema es que cualquier propuesta en este sentido es usualmente contestada con acusaciones de ingenuidad, complacencia con los narcotraficantes y hasta de complicidad con ellos. Sin embargo, la realidad y los números son abrumadores. A pesar de los inmensos esfuerzos no hay evidencia alguna de que se estén alcanzando los objetivos de disminuir la producción o el consumo de drogas. Recientemente, el Gobierno británico informó de que en ese país la abundancia de cocaína es tal que estaba costando menos que una cerveza o una copa de vino. En Estados Unidos, uno de cada 100 ciudadanos está en la cárcel, la inmensa mayoría por tenencia de drogas. (Cada recluso le cuesta al Estado 34.000 dólares al año -unos 26.000 euros-, mientras que el costo anual de tratar a un adicto a las drogas es de 3.400 dólares). La violencia que se vive en México, Colombia o en cualquiera de los barrios pobres de América Latina, África y Asia es en gran medida un daño colateral causado por la guerra contra las drogas. La situación es insostenible y necesita un nuevo enfoque.

Esto es lo que acaba de proponer la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, un grupo de 17 latinoamericanos del cual formo parte. La comisión, presidida por tres muy respetados ex presidentes, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Cesar Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo, de México, divulgó sus recomendaciones después de casi un año de trabajo, que incluyó la revisión de la mejor evidencia disponible y de amplias consultas con científicos, policías, médicos, militares, alcaldes y expertos en salud pública. Por favor, lea el informe en www.drogasydemocracia.org.

La comisión no cree que existan políticas alternativas a la prohibición que estén exentas de costos y riesgos. Pero sí cree que hay que considerar y probar otros enfoques que traten al problema de las drogas más como un asunto de salud pública que como una guerra.

Hablar genéricamente de "legalización de las drogas" es superficial e irresponsable y sólo sirve para banalizar y estancar la discusión. Pero prohibir la discusión racional de los costos y beneficios de descriminalizar la tenencia de marihuana para el consumo individual, por ejemplo, es aún más irresponsable.

El consumo de drogas es una maldición contra la cual hay que luchar. Pero hay que hacerlo bien. Y eso no sucederá mientras exista la prohibición de pensar libremente en qué significa hacerlo bien.