Moisés Naím / El País

La próxima semana va a tener lugar en Panamá una cumbre de jefes de Estado de las Américas. Allí ocurrirán una celebración y una confrontación. También se dirán muchas mentiras.

La celebración se debe a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Barack Obama y Raúl Castro se darán la mano, sellando así el inicio de una nueva fase entre ambos países. Esa foto quedará para la historia. Pero no será la única. También veremos la foto (o muchas fotos) del presidente Nicolás Maduro y sus aliados denunciando la sanción impuesta por Estados Unidos a Venezuela.

Mientras que la foto de Obama y Castro refleja lo que debería ser el futuro del hemisferio, la ópera bufa que será escenificada por el Gobierno de Venezuela reflejará su pasado. Un pasado en el cual los gobernantes utilizaban la mentira y la manipulación para confundir a incautos y engañar a sus pueblos con el fin de seguir en el poder. Maduro y su comparsa de aliados regionales (Argentina, Nicaragua, Ecuador, etcétera) nos recordarán que ese pasado aún no ha sido superado. Y Cuba, con la extraordinaria sagacidad mediática que la caracteriza, aparecerá en ambos lados: conciliando con su enemigo histórico y abriendo un futuro menos marcado por divisiones, y al mismo tiempo formando parte de los países que se nutren de las divisiones y culpan a Washington de todo lo malo que les pasa.

El Gobierno de Venezuela es un aventajado alumno de las manipulaciones mediáticas que Cuba utiliza con tanto éxito. En este caso, la manipulación consiste, por dar tan solo un ejemplo, en obligar a cientos de miles de funcionarios y estudiantes venezolanos a firmar cartas pidiéndole a Obama que no intervenga en Venezuela. Persuadir al mundo —y sobre todo a sus ciudadanos— de que la catástrofe económica y social de Venezuela es culpa de los EE UU es muy importante para Maduro. Para lograrlo no duda en usar todas las tácticas y triquiñuelas comúnmente empleadas por Cuba y otras tiranías. Por ejemplo, la doctora Raiza Aular, directora de salud del distrito capital de Caracas, envió esta circular a sus funcionarios: “Reciba un cordial saludo Bolivariano, Socialista y Revolucionario. Me es grato dirigirme a ustedes con el fin de enviarles dos (02) cuadernillos para la recolección de firmas ‘Obama deroga el decreto ya’ los cuales deberán ser entregados a esta dirección”. La doctora luego ordena a sus subalternos: “Movilizar trescientas (300) personas de cada uno de los centros hospitalarios, todos los médicos deben asistir con su bata blanca y el resto de los trabajadores vestidos de blanco con rojo con sus respectivas pancartas”.

Órdenes parecidas recibieron maestros y profesores, empleados públicos, militares y empresas que dependen del Gobierno para sobrevivir. A esto se le suma una incesante campaña de radio y televisión que alerta al país de que el “imperio del norte ha declarado que Venezuela constituye una amenaza para sus intereses y que por lo tanto se apresta a intervenir, incluso militarmente”.

Así, en Venezuela muchos creen que una intervención armada de EE UU es posible. Como toda buena manipulación, esta campaña utiliza ciertas verdades para hacer creíbles sus mentiras. Es cierto que Estados Unidos impuso una sanción a Venezuela y que en el texto justificativo de esa sanción indicó que Venezuela era una amenaza a sus intereses nacionales.

Pero la realidad es que esa sanción no fue contra el pueblo de Venezuela; ni siquiera contra su Gobierno o su economía (EE UU sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela y uno de los pocos clientes que paga por el petróleo que le compra). Las sanciones son contra siete individuos cuidadosamente seleccionados que, de acuerdo al Gobierno norteamericano, son responsables de brutales violaciones a los derechos humanos. Ninguno de los mandatarios latinoamericanos que en Panamá pronunciarán encendidos discursos enalteciendo la justicia y la democracia ha hecho algo concreto para proteger a los disidentes venezolanos de los feroces abusos del Gobierno. Barack Obama es la única excepción. Pero en Panamá él será denunciado y Raúl Castro, aplaudido.

La declaración de EE UU de que Venezuela amenaza sus intereses se debe a un requisito legal y no a un cálculo estratégico de la Casa Blanca. Hay una disposición que obliga a que los países sancionados sean declarados como amenaza nacional. Los funcionarios estadounidenses explicaron esto e insistieron en que el único objetivo de la sanción a Venezuela era la defensa de los derechos humanos y que no había reclasificación alguna de la amenaza que Venezuela representa. Pero estas verdades han desaparecido, enterradas bajo el torrente de mentiras que salen de Caracas y que serán repetidas en la Séptima Cumbre de las Américas, la cumbre de las mentiras.